la-curva-1 (1)se vivió la misma escena en el desfile cívico que tuvo lugar en Cocachacra. Una delegación de pobladores de El Arenal, se hizo presente portando banderas y polos con las mismas consignas, siendo muy aplaudidos por la población.

Esto refleja el estado de ánimo de los pobladores ya tratado en un estudio que realizó la ONG Labor en la provincia de Islay por encargo del gobierno regional y que serviría de base para plantear una nueva relación de diálogo con el gobierno nacional.

Eso se produce solo 5 días después de haberse levantado el régimen de excepción implantado desde el 23 de mayo en que el gobierno suspendió las garantías constitucionales en la provincia para evitar las protestas y los actos de violencia que se suscitaron como consecuencia deo paro indefinido contra la minera Southern Perú.

Dos de los líderes de la protesta, Jaime de la Cruz, alcalde vacado de Deán Valdivia y Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, se manifestaron recientemente reiterando su posición contraria a la actividad minera de Southern.

Cornejo fue enfático en señalar que no tienen nada que conversar con la empresa y que no se sentarán a dialogar con ellos. En relación al gobierno dijo que tampoco aceptarán las convocatorias destinadas a tratar el tema insistiendo en su imposición en el valle. Pidió, en cambio, que las autoridades vayan al valle a dialogar directamente con la población para que puedan recoger sus demandas.

Jaime de la Cruz, quien ha sido recientemente vacado del cargo de alcalde por tener una sentencia condenatoria debido a los actos de protesta del año 2010, también ha manifestado su firme compromiso con apoyar las protestas en caso de reanudarse la intención gubernamental de hacer avanzar el proyecto.

Ambos consideran que los alcaldes y los representantes de los agricultores son los interlocutores válidos para tratar con el gobierno pero rechazan las mesas de desarrollo que promovió el nivel central por considerar que son “trampas destinadas a conseguir la aceptación de las operaciones mineras”.

Richard Ale, alcalde provincial, considera que el pueblo ya se ha manifestado durante las protestas y a través de la encuesta que mandó a elaborar el gobierno regional, por lo que el gobierno debe actar la voluntad popular y cesar de perseguir a las autoridades y acosarlas con medidas como el congelamiento de las cuentas municipales, que es el caso de la municipalidad provincial de Islay.el-arenal

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