Esto es lo que refleja el estudio presentado ayer por la Asociación Civil Labor, en el marco del proyecto Diálogo Sur, financiado por la Unión Europea.

El informe “Inquietudes y preocupaciones que tiene la población de la provincia de Islay, respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María de María”, encargado por el gobierno regional, dio como resultado que el 89 % de la población encuestada manifestó sentirse muy afectada por lo ocurrido en el conflicto. La principal secuela y daño presente en la comunidad es el psicológico, siendo los principales afectados, los niños.

Entre las percepciones recogidas de la población, se encuentra que “los niños le tienen miedo a la policía. Cuando ven a un policía cerca de sus casas creen que vienen a detener a su papá…”.

Respecto a los aspectos ambientales se expresa en el temor por la cercanía del proyecto al valle: la cercanía de los tajos a las zonas agrícolas al río, la presencia del material particulado, las filtraciones, el proceso de desalinización y sus impactos en el ecosistema marino, entre otros.

OPOSICIÓN. En relación a las condiciones que la localidad espera para la recuperación del diálogo y la tranquilidad, el 72% pide la suspensión del proyecto y el levantamiento del estado de emergencia y un 4% considera que es necesario mantener esta medida. Pidieron además la identificación de interlocutores válidos, después de la crisis a la respuesta de liderazgo y representatividad; el cese de la persecución y hostilización de la Contraloría General de la República, el apoyo psicológico a la población afectada, así como la sanción a los responsables de los excesos cometidos en el conflicto.

Respaldan a los alcaldes, como los que mejor representan a un pueblo, con un 47%, mientras que un 25 % considera así a las organizaciones sociales y el Frente de Defensa del valle de Tambo.hqdefault

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