Contraloría General de la Republica detectó a más de 6,500 funcionarios corruptos, en el periodo de enero 2009 hasta agosto 2014. La mayor parte de los involucrados en estos hechos pertenece a los gobiernos locales y regionales.

Asimismo se ha determinado que 7,335 funcionarios tendrían responsabilidad civil, al haber ocasionado un perjuicio económico al estado, dinero que tendrán que devolver.

El informe presentado por el máximo órgano de control del país revela que en total 48,084 funcionarios habrían cometido infracciones administrativas graves o muy graves, durante el desempeño de sus labores, por lo que podrían ser sometidos a un proceso administrativo que podría llevarlos, en el peor de los casos, a la suspensión o inhabilitación para trabajar en el estado.

Según las estadísticas de la Contraloría, el número de funcionarios a nivel nacional involucrados en responsabilidad penal son 1,434; en civil: 1,448 y en faltas administrativas: un total de 16,608.

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