ORDENAN PENA DE CÁRCEL PARA 2 PROVEEDORES Y 3 EXFUNCIONARIOS DE CUCHUMBAYA. Funcionarios favorecieron ilícitamente a empresarios en dos procesos de selección, ellos son: Rodolfo Pérez Catacora (37), Alberto Julio Romero Torres (49) y Crisalia Flores Ccallata (32).

Un total de 2 proveedores y 3 exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya fueron sentenciados a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, la Fiscal Anticorrupción de Moquegua, Claudia Adriana Malma Cordero demostró en juicio oral el direccionamiento de dos procesos de selección por parte de los funcionarios a favor de dos empresas postoras.

Se trata de los exfuncionarios, Rodolfo Pérez Catacora (37), Alberto Julio Romero Torres (49) y Crisalia Flores Ccallata (32), los mismos que en octubre del año 2011 conformaron dos comités de selección de adjudicación directa selectiva y que en juicio oral se demostró su irregular actuación durante la calificación y valoración de expedientes de las empresas postoras, favoreciendo finalmente a dos de ellas, por ello recibieron una sentencia de 5 años prisión efectiva.

Según la acusación fiscal los exfuncionarios sentenciados favorecieron ilícitamente a las empresas Los Andes y Constructoras Generales DYL EIRL, representados por Edwin Aldo Cuayla Cruz y Héctor Juárez Quispe, respectivamente, quienes se beneficiaron con la buena pro en dos procesos de selección para el alquiler de una excavadora hidráulica por un monto de S/. 137.250.00 soles, el alquiler de un camión volquete por un monto de S/. 52 250.00 soles y la adquisición de 402 m3 de agregados valorizados en S/. 66.125.00 soles, ambos proveedores fueron sentenciados a 4 años y 8 meses de prisión efectiva.

La Fiscal Anticorrupción Claudia Malma Cordero, demostró en juicio oral el irregular proceder de los miembros del comité de selección durante los procesos 02-2011 y 010-2011 en la faceta de calificación de las propuestas de ambos empresarios, ya que una auditoría practicada a dichos procesos determinó que los puntajes obtenidos en sus expedientes no era el correcto, lo que evidenció el ilegal interés de los funcionarios para favorecer a ambos empresarios.

Esta irregular actuación propició que postores con mayor experiencia y acreditación sean eliminadas del proceso, por ello las autoridades judiciales hallaron responsabilidad penal por el delito de negociación incompatible en los tres funcionarios y los dos proveedores, los mismos que deberán cumplir con sus sentencias efectivas una vez que la instancia superior judicial lo confirme, mientras tanto deberán reportarse cada 30 días al juzgado y pagar cauciones entre 1500 y 2000 soles, además del monto de 10 mil soles por concepto de reparación civil.

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