Regidora tendría que devolver 40 mil soles de pensión de orfandad, Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua inició hace un año un proceso civil contra la regidora provincial de Mariscal Nieto, y actual precandidata a la alcaldía, Sandra Gonzáles Gómez, por presuntamente haber cobrado de forma indebida desde el año 1998, una pensión de orfandad hasta por un monto de 40,350 soles

El caso es ventilado en un juzgado de paz letrado, que recientemente admitió un recurso legal presentado por Gonzáles sobre la necesidad de agotar el tema en cuestión en la vía administrativa ante la ausencia de un debido proceso.

 

La concejala logró el beneficio de la pensión tras el deceso de su madre. La Ley que reguló la pensión fue la N° 20530, y según esta, el beneficio solo se otorga cuando no se recibe ningún otro ingreso.

 

A decir del procurador Javier Álvarez, la precandidata debió renunciar al aporte cuando empezó a recibir un sueldo del Estado, ya que al no haberlo hecho incurrió en un doble cobro. Aunque la demanda civil aún no concluye, Álvarez consideró inminente que el proceso saldrá a su favor y se logrará recuperar los 40,350 soles. Incluso adelantó que para garantizar el pago se podría pedir el embargo de los bienes de Gonzales.

 

En el año 2012, la Ugel Mariscal Nieto advirtió que la regidora cobraba indebidamente la pensión. El monto mensual era de 300 soles.

 

Tras ello, Magdalena Manzano denunció en el Ministerio Público a la concejala por el presunto delito de falsedad genérica.

 

En mayo del 2013, el fiscal Emilio Salas Apaza archivó el caso al concluir que no se cometió tal ilícito.

 

La regidora provincial consideró que el procurador “se fue de boca” al emitir opinión sobre una demanda civil que aún no tiene sentencia.

 

Explicó que la Ugel Mariscal Nieto nunca le requirió sobre alguna irregularidad. Según dijo, hace más de 3 años dejó de firmar declaraciones juradas de su estado civil de soltera y de no percibir otro ingreso, cuando debía hacerse cada 3 meses.

 

En esta línea, añadió que ante esta demora la UGEL debió cortarle la pensión en el acto. En sus descargos ante el fiscal, dijo que recién el 2011 se enteró las causales de pérdida del beneficio.

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