Se formula DENUNCIA por la comisión del Delito de Prevaricato contra los Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones-JNE, a los Señores: 1.- Dr. BALDOMERO ELIAS AYVAR CARRASCO 2. Dr. CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO 3. Dr. JORGE ARMANDO RODRIGUEZ VELEZ

SE jne_635x300FORMULA DENUNCIA POR LA COMISION DEL DELITO DE PREVARICATO.- – – – – – – – –

SEÑOR FISCAL DE LA NACIÓN
ENOC ATO ROQUE, identificado con D.N.I. 02674761, señalando domicilio real en la Calle Progreso Nº 1503- Castilla-Piura, y fijando Domicilio Procesal en el Jirón Lampa No. 925- Oficina No. 302- Lima Cercado; ante usted respetuosamente me presento y digo:

I.- PETITORIO:
Que, al amparo de lo normado en el Artículo 13 Ley Nº 26486- Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y conforme corresponde a mi Derecho me dirijo por ante vuestro Despacho formulando DENUNCIA por la comisión del Delito de Prevaricato contra los Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones-JNE, los Señores:
1.- Dr. BALDOMERO ELIAS AYVAR CARRASCO
2. Dr. CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO
3. Dr. JORGE ARMANDO RODRIGUEZ VELEZ

Hecho cometido en agravio del Estado y de mi Persona ya que directamente perjudica mi Derecho al haber emitido la Resolución No. 206-2014-JNE de fecha 18-03-2014, sustentándola en hechos manifiestamente FALSOS que han servido para permitir que continúe ilegalmente en el cargo de Alcaldesa del Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura doña AURA VIOLETA RUESTA de HERRERA.
1.1.- A los denunciados se les notificará para los efectos de la presente denuncia en el local del Jurado Nacional de Elecciones-JNE, sito en el Jirón Nicolás de Piérola No. 1070- Lima Cercado.
II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:
PRIMERO.- Señor Fiscal Provincial, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, recurro por ante vuestro Despacho formulando DENUNCIA, por la Comisión del Delito de Prevaricato contra los Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones:

1.- Dr. BALDOMERO ELIAS AYVAR CARRASCO
2. Dr. CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO
3. Dr. JORGE ARMANDO RODRIGUEZ VELEZ

SEGUNDO.- Los hechos de la presente denuncia, se verifican de la Resolución No. 206-2014-JNE del 18-03-2014, emitida (en mayoría) por los Denunciados, en su condición de Miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso referente a la Solicitud de declaratoria de VACANCIA contra Aura Violeta Ruesta de Herrera, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Castilla, Provincia y Departamento de Piura, por la causal prevista en el Articulo 22, numeral 9 de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

TERCERO.- Señor Fiscal el caso que nos ocupa se aprecia de los hechos denunciados que los Miembros del JNE denunciados al emitir su fallo incurrieron en una manifiesta INCONGRUENCIA en la redacción, así como en una GROSERA MANIPULACIÓN de la realidad, es decir en una dolosa MUTILACION de los medios probatorios actuados en autos, que supuestamente no verificaron del Expediente, pero sin embargo si fueron apreciados y compulsados debidamente por el Voto en minoría y que tal como corresponde JUSTICIERAMENTE y en Honor a la Verdad declararon la VACANCIA de Aura Violeta Ruesta de Herrera del cargo de Alcaldesa del Distrito de Castilla, de la Provincia y Departamento de Piura.

CUARTO.- Señor Fiscal los hechos por los que se solicito la VACANCIA de la Alcaldesa del Distrito de Castilla, legalmente se ampararon en lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 22 de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y concretamente en tres casos: a) La Ilegal Cesión en uso de un Inmueble de Propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla para uso exclusivo de actividades comerciales de una Entidad privada con evidente provecho económico y sin ningún beneficio para la Municipalidad Distrital de Castilla; b) La Designación de Gerente Municipal sin respetar el Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de Castilla; c) Irregularidades en la Convocatoria a Licitación Pública No. 003-2001-MDC/CE- 1ra. Convocatoria-Obra de ampliación y mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste de Castilla.

4.1. Señor Fiscal respecto al primer hecho se constata en los Considerandos en cuyo numeral 2, que se hace una exposición sobre la Vacancia por Conflictos de Intereses, en este caso los intereses de la Comuna y el interés de la Autoridad, el Alcalde o Regidor, igualmente en el extremo denominado “Análisis del caso concreto -Sobre la cesión de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla”, en su numeral 3. último párrafo señala acertadamente:
“ En ese sentido, se aprecia que, independientemente de la denominación, se está disponiendo de un bien de titularidad la Municipalidad Distrital de Castilla, para que sea destinado a una finalidad específica que beneficiará a otra entidad pública (entiéndase, la Municipalidad Distrital de Sondorillo) y, a cambio de ello, la última de las entidades mencionadas invertirá dinero en la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura. Debe considerarse que los beneficiarios directos de este convenio son los agricultores de San Juan de Sondorillo, para comercializar sus productos, lo que constituye claramente un fin de lucro (compraventa). (negrita nuestra)
4.2. Igualmente en el numeral 4, del indicado extremo indica lo siguiente:

“ Al respecto, es preciso mencionar que mientras el artículo 65 de la LOM señala que la cesión en uso de bienes de titularidad de la municipalidad procede a favor de personas jurídicas del sector privado, y el artículo 64 de dicha ley contempla la posibilidad de que las municipalidades donen o permuten bienes de su propiedad, a los poderes del Estado o a otros organismos del sector público; el artículo 63 de la LOM, que regula las restricciones de contratación, no se circunscribe, expresamente, a los contratos celebrados entre una entidad pública y una persona jurídica de derecho privado. Por lo tanto, se concluye que se cumple con el primero de los elementos que deben concurrir para que proceda la declaratoria de vacancia por la causal prevista en el artículo 22, numeral 9, de la LOM.”(Subrayado y negrita nuestro)

4.3. Señor Fiscal, no obstante los extremos antes citados de los cuales se verifica un razonamiento adecuado, en los numerales siguientes se aprecia conclusiones absolutamente INCONGRUENTES con los hechos y con los medios probatorios actuados en autos, tal como se verifica del numeral 6. cuyo tenor literal: “ Ahora bien, en el presente caso, no puede desconocerse el hecho que la asociación de agricultores San Juan de Sondorillo, si bien no suscribió el contrato, sí habría participado de las reuniones previas, esto es, aquellas que motivaron y condujeron a la celebración del convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Municipalidad Distrital de Sondorillo. Asimismo, no debe obviarse el hecho de que el objeto de la cesión era para que dicho bien inmueble fuera utilizado, de manera exclusiva, como centro de acopio y comercialización de productos y subproductos agropecuarios provenientes de la Asociación de Agricultores de San Juan de Sondorillo y otros”.(Subrayado nuestro)
4.4. Señor Fiscal, el hecho citado en el párrafo precedente es TOTALMENTE FALSO, tal como está probado en autos tal como consta de Fjs. 212-213 mediante el Acta de Acuerdos entre la Municipalidad Distrital de Castilla y los representantes del Distrito de Sondorillo, de fecha 5 de junio del 2012, oportunidad en la que se reunieron por PRIMERA VEZ con la finalidad de abordar el tema de la Cesión en uso del local del Camal Municipal del Distrito de Castilla, lo que se corrobora con el Acuerdo de Concejo No. 058-2012-MDS/CM del 13-06-2012, a través del cual oficialmente la Municipalidad Distrital de Sondorillo solicita a la Municipalidad Distrital de Castilla, en Cesión de Uso el local del Camal Municipal del Distrito de Castilla, vale decir que NO interviene en ninguna reunión ni reuniones previas la Asociación de Agricultores San Juan de Sondorillo, porque sencillamente a esa época NO EXISTIA la precitada Asociación que se constituyo posteriormente, en tal sentido lo señalado por los Magistrados es un hecho PREVARICADOR por ser absolutamente falso, es decir carente de sustento factico y jurídico.
4.5. Estando a lo señalado se debe tener presente Señor Fiscal que lo vertido en el numeral 7 de la Resolución emitida por los magistrados Denunciados, constituye una argumentación antojadiza, es decir que se infringe la Garantía Constitucional de la Motivación de las Resoluciones al efecto precisamos que se ha incurrido en los vicios de la Motivación aparente y la Motivación Incorrecta, tal como es fácilmente verificable y que para mayor precisión se cita:“ 7. Por otro lado, debe tomarse en consideración que la celebración del convenio interinstitucional en cuestión fue objeto de observaciones por parte del órgano de control, incluso con posterioridad a la aprobación y suscripción final del mismo. Todo ello, a juicio de este órgano colegiado, exige que se investigue con mayor exhaustividad el vínculo que pudiera existir, de ser el caso, entre la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera y la Asociación de Agricultores de San Juan de Sondorillo y sus integrantes.

Así, en este caso, se presenta la particularidad de que, para acreditar el interés propio o directo en la contratación, se debe verificar la existencia de un vínculo entre la autoridad edil y el sujeto (persona natural o jurídica) que contrata con el municipio, sino entre la alcaldesa y el directamente beneficiado con la celebración del contrato, toda vez que aquel tercero ha intervenido de manera decisiva en la negociación, a tal punto que el favorecimiento al mismo se encuentra expresamente contemplado en el objeto del convenio”.(subrayado nuestro)
Del referido extremo, en efecto se verifica que los Magistrados denunciados pretenden que se investigue “con mayor exhaustividad” sobre un hecho FALAZ, que corresponde a una tergiversación de la realidad, ya que la actuación de la cuestionada Alcaldesa en este irregular hecho está claramente probada de autos, como correcta y acertadamente lo han precisados los Señores Magistrados del VOTO EN MINORIA, tal como se aprecia de los numerales 7 y 8 del extremo denominado “Análisis Concreto Sobre la Cesión de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla”, como textualmente citamos su parte pertinente:
“ 7 No obstante lo señalado en el considerando anterior, se considera que el interés directo fluye del mismo convenio, donde la Municipalidad Distrital de Castilla está transfiriendo por 10 años (renovables) de un bien inmueble municipal, sin ningún beneficio para la comuna. Así, el hecho de suscribir un convenio con el objeto de favorecer, no a otra entidad pública, como sería la Municipalidad Distrital de Sondorillo, sino a un grupo de agricultores, con el objeto de facilitar la realización de sus actividades comerciales, evidencia un interés directo en la celebración del citado contrato. Por ello, corresponde ingresar al siguiente elemento de análisis.

“c. Conflicto de intereses
8. En el presente caso, se estima que se encuentra acreditado el conflicto de intereses en la medida que, a pesar de tener que cautelar los bienes y recursos públicos de la entidad a la que representa, esta cede la misma a favor de otra entidad pública, pero con una clara, abierta y expresa vocación de favorecer a terceros, en este caso, a los agricultores de San Juan de Sondorillo, quienes poseen no solo intereses particulares de índole económico, sino que además constituyen sujetos ajenos a la propia localidad. Dicha evidente contraposición entre el interés público de salvaguardar los intereses y bienes municipales, y el interés particular de favorecer a terceros, sin que se produzca beneficio alguno para la Municipalidad Distrital de Castilla, permite concluir que configura el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de declaratoria de vacancia invocada, por lo que corresponde estimar el recurso de apelación, con relación a dicho hecho imputado, y declarar la vacancia de la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera.”(Subrayado y negrita nuestro)

4.6. Señor Fiscal, otro extremo que ha sido obviado por los Magistrados denunciados es el referente a la Disposición de los Bienes Municipales, que esta normado en el Articulo 59 de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, es que si bien los bienes Municipales pueden ser objeto de transferencias, concesionados en uso o explotación, o arrendados, modificado su estado de posesión o propiedad, mediante cualquier otra modalidad por acuerdo del Concejo Municipal en el presente caso, la cuestionada Alcaldesa ha INCUMPLIDO lo establecido en la parte final del precitado Articulo 59 de la LOM, que textualmente dispone: “ Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a través de subasta pública, conforme a ley.”
Tal como se aprecia los Magistrados denunciados no ha tenido presente el mandato expreso y claro de la precitada norma de la Ley Orgánica de Municipalidades, porque de las pruebas existentes en autos ofrecidas por ambas partes se constata que el Local del Ex Camal Municipal del Distrito de Castilla ha sido cedido en uso en forma contraria a lo dispuesto en la parte final del Articulo 59 de LOM, vale decir que igualmente no se ha tenido presente que la finalidad de la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 9, de la LOM, cuyo parámetro normativo se encuentra establecido en el artículo 63 de la aludida ley, es la protección del patrimonio municipal, disposición de vital importancia para que las municipalidades cumplan con las funciones y finalidades de desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, conforme lo ha establecido el JNE, en reiterada jurisprudencia, tal como a continuación se cita:
Sobre la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 9 de la LOM
“3. La finalidad de la causal de vacancia establecida en el artículo 22, numeral 9, de la LOM, cuyo parámetro normativo se encuentra establecido en el artículo 63 de la citada ley, es la protección del patrimonio municipal, disposición de vital importancia para que las municipalidades cumplan con las funciones y finalidades de desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

4. Según criterio jurisprudencial asentado desde la Resolución N.° 171-2009-JNE, de fecha 23 de febrero de 2009 (Expediente N.° 2008-905), otro de los supuestos que, sin estar expresamente contemplado en el artículo 63 de la LOM, se encuentra también prohibido, es el relativo a la transferencia de bienes municipales sin el acuerdo aprobatorio del Concejo Municipal. Ello es así porque si la finalidad de la norma es la protección del patrimonio, mal podría permitirse que se disponga de bienes municipales por el órgano ejecutivo (alcaldía), sin conocimiento o autorización del órgano legislativo y deliberante (concejo municipal). Así, se señaló que la prohibición que ya se encuentra en el artículo 66 de la LOM, para ser efectiva, necesita de una sanción, tanto respecto del acto jurídico viciado como del funcionario infractor.

5. Asimismo, con relación al conflicto de intereses señaló que este se presentaba cuando a pesar de que la normativa municipal impone requerir la aprobación del Concejo Municipal para disponer de un bien, el alcalde decide contratar directamente con un tercero sin someter su decisión a criterios racionales y objetivos, tales como celebrar contratos con respeto de los requisitos legales para su concesión, proceso de licitación pública, proceso de contratación abierto y transparente, elección de contratantes por tercero imparcial, etcétera). Es por ello que las consecuencias de tal acto han de asimilarse a las contenidas en el artículo 63, esto es, la nulidad del contrato y la vacancia del alcalde.” (Negrita y subrayado agregado).

4.7. Señor Fiscal, es un hecho la forma en la que han resuelto los Magistrados denunciados indudablemente que corresponde a una conducta PREVARICADORA la Alcaldesa violentando lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Nº 080-2012-CDC de fecha 05-10-12, modificado por el Acuerdo de Consejo Nº 107-2012-CDC de fecha 14-12-12, (corrientes de Fjs. 190-198 y 199 de autos)mediante el cual se autorizó a la Sra. Alcaldesa a la suscripción del Convenio con la Municipalidad Distrital de Sondorillo –Huancabamba, pero en NINGUN EXTREMO se le facultó para que efectúe la Transferencia en Cesión de Uso a favor de la “ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE SAN JUAN DE SONDORILLO” en condición de USO EXCLUSIVO para dicha Entidad privada, tal como ILEGALMENTE lo ha efectuado la Alcaldesa en el “Convenio Interinstitucional para el uso del Camal Municipal que celebran la Municipalidad Distrital de Castilla y la Municipalidad Distrital de Sondorillo- Huancabamba.
4.8. Estando a lo señalado resulta realmente alarmante la poca seriedad y rigurosidad de los Magistrados Denunciados para motivas y justificar su resolución consecuentemente es un hecho probado que se encuentran incursos en la comisión del delito de PREVARICATO, además de haber Infraccionado la Garantía Constitucional del Debido Proceso al incumplir el DEBER DE MOTIVACION y concretamente han incurrido en la infracción de la Motivación aparente y la Motivación Incorrecta, al respecto tal como la doctrina establece a) La Motivación es APARENTE, cuando el Juez glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten).
b) La Motivación INCORRECTA en este caso el Juez se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.
QUINTO.- Señor Fiscal, respecto al extremo del hecho referente al tema de las “Irregularidades en la Convocatoria a Licitación Pública No. 003-2001-MDC/CE- 1ra. Convocatoria-Obra de ampliación y mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste de Castilla.”, el referido tema fue tratado por los Magistrados denunciados a partir de los Considerandos 10 a 16 de la Resolución emitida en Mayoría, al respecto preciso lo siguiente:
5.1. Tal como se constata los Magistrados razonan y tiene presente que el contrato de Ejecución de Obra N.° 047-2011-MDC-GAYF-SGL, del 9 de setiembre de 2011, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Castilla, representada por su gerente municipal, Javier Enrique Salas Zamalloa, y el Consorcio H&B, integrado por Gold Perú. S.A.C., Heral Contratistas Generales S.A.C., A.R. Constructores Ltda., Corporación Mundial de Desarrollo e Inversiones S.A.C., AC&M Constructora S.R.L., y Moscol Contratistas S.R.L., representados por su representante legal Edwar Fernando Barboza Nieto, corriente de fjs. 125 a 128 de autos, en el referido acto jurídico conforme a las BASES INTEGRADAS, se estableció que NO habría adelantos para la Ejecución de la Obra, hecho que fue de PUBLICO CONOCIMIENTO esa fue una condición Sine Quanon en tal sentido el Consorcio H&B tuvo y tenía conocimiento de la referida Regla.
Inclusive del literal c. del numeral 10 señalan lo siguiente:
“c .(…) la Adenda al contrato de Ejecución de Obra N.° 047-2011-MDC-GAYF-SGL, suscrito el 16 de diciembre de 2011, entre la Municipalidad Distrital de Castilla, representada por su gerente municipal, Javier Enrique Salas Zamalloa, y el Consorcio H&B, integrado por Gold Perú. S.A.C., Heral Contratistas Generales S.A.C., A.R. Constructores Ltda., Corporación Mundial de Desarrollo e Inversiones S.A.C., AC&M Constructora S.R.L., y Moscol Contratistas S.R.L., representados por su representante legal Edwar Fernando Barboza Nieto (fojas 129 al 130 del Expediente N.° J-2013-00681). El objeto de la adenda al citado contrato consistió en el otorgamiento de adelanto para materiales, solicitado por el Consorcio H&B, por el monto de S/. 5 787 776,58 (cinco millones setecientos ochenta y siete mil setecientos setenta y seis y 58/100 nuevos soles). Cabe indicar que, en dicha adenda se indica que, efectivamente, no se habían considerado adelantos para la ejecución del proyecto objeto del contrato, sin embargo, atendiendo a que se busca con este la satisfacción de necesidades básicas de catorce asentamientos humanos, se admitió la procedencia de la solicitud de adelanto.”(Subrayado y Negrita nuestro)

5.2. En consonancia con el referido razonamiento los Magistrados denunciados en el numeral 11 del análisis efectuado respecto a las Irregularidades en la Convocatoria a Licitación Pública, concluyeron que estaba acreditado el primero de los elementos necesarios para que proceda válidamente la Vacancia, tal como a continuación se cita:
“ 11. Lo expuesto permite evidenciar que existe un contrato entre la Municipalidad Distrital de Castilla y un sujeto particular (Consorcio H&B) sobre un bien o recursos municipales, por cuanto existe una contraprestación de índole económica por la realización de la obra de infraestructura que fue objeto del contrato. Por lo tanto, se concluye que está acreditado el primero de los elementos necesarios para que proceda válidamente la declaratoria de vacancia por la causal de restricciones de contratación.” (Negrita nuestra).
5.3. Señor Fiscal no obstante lo señalado se evidencia de lo argumentado en los numerales 12, y 13 que existe una argumentación de suyo contradictoria y confusa, ya que si tal como se afirma en el numeral 11 se “Acredita el primero de los elementos necesarios para que proceda válidamente la declaratoria de Vacancia”, es decir que esta conclusión se ve contradicha con los argumentos que a continuación se indican:
“ 12. Ciertamente, de autos no se advierte documentadamente que la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera hubiese intervenido en la suscripción del contrato en representación del Consorcio H&B o de alguna de sus empresas que lo integran. Asimismo, en el expediente no existen documentos que permitan evidenciar de manera directa e inmediata, el interés propio o directo de la autoridad edil en la suscripción del contrato, por cuando no existen documentos que permitan advertir que es representante, accionista, gerente, integrante del directorio, acreedora, deudora de alguna de las empresas que integran el consorcio citado, o que fuese familiar de alguno de los representantes o directivos de dichas empresas.”
“13. Sin embargo, es preciso recordar que, respecto a dicha imputación, este órgano colegiado, a través de la Resolución N.° 0946-2013-JNE, que declaró nulo el primer acuerdo de concejo emitido por el Concejo Distrital de Castilla, requirió que dicho órgano incorpore al procedimiento de vacancia los originales o copias certificadas de los documentos relacionados con la licitación pública denominada “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noroeste de Castilla-Piura”, esto es, las bases, relación de postores, contrato suscrito, y demás documentos sobre el proceso de selección.

Dicho requerimiento o exigencia tenía por finalidad contar con mayores elementos de juicio que permitan dilucidar, precisamente, si existió interés directo o propio en la contratación por parte de la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera.”

Además se verifica del penúltimo párrafo del numeral 13 lo siguiente:
“Dicho en otros términos, el requerimiento efectuado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estuvo dirigido a dilucidar si, efectivamente, se produjeron irregularidades en el proceso de selección y el momento en el cual la alcaldesa pudo haber tomado conocimiento de las mismas y si, de ser el caso, adoptó o no medidas de investigación y sanción ante dichas irregularidades y su posición, conocidas dichas irregularidades, en torno a la suscripción del contrato. Sin embargo, ello resulta insuficiente para efectos de la resolución del presente procedimiento de declaratoria de vacancia”. (subrayado nuestro).
“Efectivamente, si, luego de la obtención de los documentos antes mencionados, se concluía de que la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera tuvo conocimiento previo y oportuno de las irregularidades y, a pesar de ello, suscribió el contrato o no realizó acto alguno respecto a dichas irregularidades;” (subrayado nuestro).
5.4. Señor Fiscal, de lo señalado en el párrafo anterior se constata la argumentación confusa e incoherente de los Magistrados denunciados ya que a pesar de haber verificado que si existía elementos necesarios para declarar la Vacancia de la Alcaldesa del Distrito de Castilla, modifican su posición, expresando que por no existir supuestamente documentos relacionados con la Licitación, tales como el Contrato suscrito, las Bases de la licitación, relación de postores, Etc. , puesto que ha sido efectuado con la dolosa finalidad de favorecer a la CUESTIONADA Alcaldesa, ya que en autos existen la documentación que supuestamente no han apreciado o no han tenido a la vista, lo que se desmiente contundentemente con lo concluido por los Magistrados del Voto en Minoría, que han emitido su Voto sustentado en los documentos probatorios existentes en auto tal como a continuación se precisa.
5.5. Señor Fiscal, la irregular y Prevaricadora forma en la que han resuelto, es CONTRARIA a la Jurisprudencia del JNE, es que no obstante la renuencia de la emplazada y de la mayoría de miembros del Concejo Municipal de Castilla de cumplir con los mandatos del JNE, ya que no han cumplido con incorporar al Expediente la documentación requerida por el Pleno del Supremo Colegiado, advirtiéndose de ello la omisión de los Principios de impulso de Oficio y de Verdad Material por parte de la cuestionada Alcaldesa y el Concejo Distrital de Castilla en forma conjunta lo que deviene en una obstaculización de la adecuada administración de Justicia Electoral, los Magistrados denunciados nuevamente insisten en solicitar que incorpore al procedimiento de vacancia documentos originales o copias certificadas de los documentos relacionados con la licitación pública denominada “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noroeste de Castilla-Piura”, esto es, las bases, relación de postores, contrato suscrito, y demás documentos sobre el referido proceso de Licitación, tal como se aprecia del considerando 14 de la Resolución en mayoría tal como a continuación se cita:
“ 14. En el presente caso, a pesar del requerimiento efectuado por este órgano colegiado a través de la Resolución N.° 0946-2013-JNE, no se advierte que el concejo municipal haya incorporado la documentación requerida ni procedido de manera diligente, de tal manera que pudiera realizarse dicha incorporación y valoración de los medios probatorios relacionados con dicha imputación, durante la sesión extraordinaria. No se evidencia, en sí, la diligencia del concejo municipal de solicitar o requerir, a través de sus órganos competentes, la información requerida por este Supremo Tribunal Electoral, por lo que se concluye que no se ha dado cumplimiento, en sus propios términos, a la resolución antes mencionada. Por tal motivo, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo segundo de la resolución en cuestión y disponer la remisión de copia de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal competente, a fin de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno, para que evalúe la conducta de los integrantes del concejo municipal y funcionarios del municipio, de acuerdo a sus competencias.
No solo ello, sino que el Concejo Distrital de Castilla tampoco realizó las gestiones necesarias para recabar la información que permitiera determinar si existe, y de ser el caso, en qué grado o naturaleza, vínculo entre la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera y el Consorcio H&B o alguna de sus empresas que la conforman o sus integrantes, lo que resulta imprescindible para analizar el elemento de intervención o interés propio o directo en la contratación y, en este caso, de la suscripción de la adenda al contrato primigenio.”
5.6. Que, de lo señalado en el numeral anterior se verifica que lo resuelto por los Magistrados denunciados es CONTRARIO a lo dispuesto en anterior Jurisprudencia del Supremo Ente Electoral tal como se verifica de la Resolución emitida en el Expediente No. J-2013-01533 del 13-03-2014, verificándose del numeral 24, que señala lo siguiente:
“24. Al respecto, cabe tener presente que, de la revisión de la documentación recabada por el Concejo Distrital de Chavín de Huántar, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N.° 614-2013-JNE, y en el Auto N.° 1 del Expediente N.° J-2013-01146, se advierte la omisión de los principios de impulso de oficio y verdad material por parte del alcalde y el Concejo Distrital de Chavín de Huántar en su conjunto, que ha obstaculizado la adecuada administración de justicia electoral que debe proveer este Supremo Tribunal Electoral, dado que en todos los casos referidos no se han recabado los medios de prueba necesarios para formar convicción en torno a la concurrencia o no de las restantes causales de declaratoria de vacancia invocadas en el presente expediente, apreciándose lo siguiente:”

En tal sentido se aprecia que lo dispuesto por los Magistrados Denunciados es contrario a la propia Jurisprudencia del JNE, que ante conductas como la asumida por la cuestionada Alcaldesa y el Concejo Distrital de Castilla- CONDUCTA REITERATIVA- y que no por ello Pleno puede dejar de administrar Justicia tal como lo dispone en la Resolución N.° 254-2009-JNE, de fecha 27 de marzo de 2009, que en su fundamento 15 dispone:
“15. Este razonamiento es coherente con un dato de la realidad a la que este Jurado Nacional de Elecciones, supremo administrador de la justicia electoral, no puede rehuir: La falta de documentos que plasmen el acuerdo de voluntades o la confluencia de intereses en la contratación sobre bienes municipales, especialmente para procurar la inexistencia de medios probatorios cuando se ponga al descubierto el indebido manejo de los bienes municipales y evitar así la consecuente infracción del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Por eso, no importa tanto, a efectos de aplicar el artículo 63 antes referido, la existencia o no de un documento suscrito por el alcalde, regidor o servidor municipal. Importa más que quien alegue la existencia de un contrato que infrinja la disposición mencionada demuestre que se han realizado las prestaciones correspondientes”.(Negrita agregado)
De lo expresado en este extremo se concluye que lo resuelto por los Magistrados es totalmente PREVARICADOR además de contrario a la propia Jurisprudencia del Pleno que ante casos de conductas RENUENTES a presentar documentos ordenados por el JNE, en vez de disponer que nuevamente vuelvan el Expediente al Concejo de Castilla como en este caso; tomaron la decisión de resolver con la documentación existente en autos, tal como lo han dispuesto los Magistrados del Voto en minoría.
5.7. Señor Fiscal, del Voto en Minoría se aprecia cómo se reitera que existen en autos suficientes medios probatorios que acreditan la responsabilidad de la cuestionada Alcaldesa del Distrito de Castilla, tal como a continuación se cita:
“ 11. A efectos de dilucidar el citado hecho imputado, cabe indicar que obran en el Expediente N.° J-2013-00681, los siguientes documentos:
a. Copia de la solicitud de nulidad de oficio del proceso de selección y/o contrato relativo a la Licitación Pública N.° 003-2011-MDC/CE-1ra convocatoria, sobre la obra de ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla, presentado el 31 de agosto de 2011, por la Asociación de pequeños y micro industriales del Perú – región Grau (fojas 120 al 124 del Expediente(…)

b. Copia del contrato de Ejecución de Obra N.° 047-2011-MDC-GAYF-SGL, del 9 de setiembre de 2011, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Castilla, representada por su gerente municipal, Javier Enrique Salas Zamalloa, y el Consorcio H&B, integrado por Gold Perú. S.A.C., Heral Contratistas Generales S.A.C., A.R. Constructores Ltda., Corporación Mundial de Desarrollo e Inversiones S.A.C., AC&M Constructora S.R.L., y Moscol Contratistas S.R.L., representados por su representante legal Edwar Fernando Barboza Nieto (fojas 125 al 128 del Expediente(…)

c. Copia de la Adenda al contrato de Ejecución de Obra N.° 047-2011-MDC-GAYF-SGL, suscrito el 16 de diciembre de 2011, entre la Municipalidad Distrital de Castilla, representada por su gerente municipal, Javier Enrique Salas Zamalloa, y el Consorcio H&B, integrado por Gold Perú. S.A.C., Heral Contratistas Generales S.A.C., A.R. Constructores Ltda., Corporación Mundial de Desarrollo e Inversiones S.A.C., AC&M Constructora S.R.L., y Moscol Contratistas S.R.L., representados por su representante legal Edwar Fernando Barboza Nieto (fojas 129 al 130 del Expediente(…)

d. Asimismo, obra en el Expediente N.° J-2013-01562, de fojas 0546 al 555, copia del acta en la que se otorgó la buena pro de la Licitación Pública N.° 003-2011-MDC/CE, en la que se aprecia que Consorcio H&B fue la única que se presentó a dicho acto, llevado a cabo el 17 de agosto de 2011.” (Negrita y subrayado nuestro).

5.8. Que, de conformidad a lo precisado en el párrafo anterior se aprecia que lo argumentado por los Magistrados Denunciados que supuestamente no habría medios probatorios en autos para que proceda la Vacancia de la cuestionada Alcaldesa del Distrito de Castilla, es un argumento ABSOLUTAMENTE FALSO, verificándose de tal hecho que la Resolución emitida es PREVARICADORA, puesto que se está sustentando en hechos falsos, como el expresar que en autos no existen documentos que prueben que la Alcaldesa de Castilla, tomo conocimiento previo y oportuno de las irregularidades y a pesar de ello dispuso la suscripción del contrato; la tesis de los Denunciados queda destruida con lo evidenciado por la Resolución en Minoría que en su numeral 11 señala en forma detallada la documentación obrante de autos y la que ha servido para declarar la VACANCIA tal como se aprecia.
5.9. Otro extremo que no han tenido presente los Magistrados Denunciados es el hecho referente al tema de la CONTRATACION PUBLICA, en este caso la Licitación Pública N.° 003-2011-MDC/CE, en la que obtuvo la buena pro el Consorcio H&B, como toda contratación Pública está sometida a lo normado en el Decreto Legislativo No. 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el Decreto Supremo No. 184-2008-EF, para tal efecto conforme a lo normado en el Artículo 59 del precitado Reglamento, que en su primer párrafo establece:
“Artículo 59º.- Integración de Bases
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.”(Subrayado y negrita agregado)
5.10. Señor Fiscal, en cuestiones de Contratación Publica NO se puede obviar esta norma y los Señores Magistrados Denunciados –NO PUEDEN ADUCIR IGNORANCIA de esta norma-, como si lo han dejado entrever los Magistrados del Voto en Minoría en el Fundamento14 de su Resolución, en el extremo que indica:
“Asimismo, incide en la valoración sobre si, a pesar de que no estaba previsto en las bases y se trataba de una necesidad previsible, se decidió realizar el adelanto, toda vez que, al realizar la oferta para obtener la buena pro, el Consorcio H&B tenía pleno conocimiento de que no sería favorecido con adelantos durante la ejecución del contrato, siendo que, en todo caso, ello debió de haber sido consignado en las bases, lo que implica no un análisis de eficiencia o pertinencia en el proceso de licitación pública, ya que ello no le compete al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para efectos de la dilucidación de la causal de restricciones de contratación, sino que acarrea un análisis y valoración del respeto a los principios de transparencia e igualdad en el proceso mismo de licitación pública, hacia la ciudadanía y los potenciales postores.”(Subrayado agregado).

De lo señalado se aprecia in extenso que los Magistrados Denunciados ha PREVARICADO puesto que han fallado contra el texto expreso y claro del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, además de obviar los Medios probatorios respecto a las irregularidades en la aludida Licitación Pública y que corren de Fjs. 187 a Fjs. 246 del Expediente 1562-J-2013, es decir que su Resolución deviene en arbitraria e injusta por haberse en contra del texto expreso y claro de la Ley, así como contra los medios Probatorios existentes en autos.

SEXTO.- Señor Fiscal, los hechos denunciados se comprueba además por las conclusiones vertidas por los Magistrado del Voto en Minoría que tal como se verifica de autos han sustentado su Voto en los medios probatorios existentes en el Expediente, en tal sentido corroborando lo antes expresado, señalo lo siguiente:
6.1. En el extremo del numeral 13 de la Resolución en minoría se verifica que:
“No obstante, debe tomarse en consideración elementos tales como:
a. El presente expediente viene precedido de un primer pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el Expediente N.° J-2013-01027, en el que se declaró la nulidad de lo actuado en el procedimiento de declaratoria de vacancia, para que, de oficio, se recaben medios probatorios que permitan dilucidar la controversia jurídica, esto es, cada uno de los hechos imputados.
b. A pesar de encontrarse en mejor capacidad para aportar medios probatorios y de requerir la realización de acciones de investigación correspondientes, con miras a la obtención de medios probatorios, máxime si el procedimiento de declaratoria de vacancia se sigue contra la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera, no se advierte del expediente que ello hubiese ocurrido respecto de los tres hechos imputados. Ciertamente, se aprecia dicha diligencia y actitud colaboradora con relación a los dos primeros hechos imputados, mas no respecto al tercero de ellos.
c. A pesar de dicha conducta del Concejo Distrital de Castilla, subsiste el deber de dicho órgano de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, por lo que la declaratoria de una segunda nulidad, en el mismo procedimiento de declaratoria de vacancia, debe ser interpretada y contrastada con otros principios de suma relevancia como los de economía y celeridad procesal.
d. A pesar de que ya existía una denuncia formalmente presentada, en la que se denunciaban irregularidades en los documentos presentados por el postor al que se otorgó la buena pro, el contrato fue igualmente suscrito.
e. A pesar de que no se habían previsto adelantos durante el proceso de ejecución del contrato, en las bases del proceso de licitación pública, estos fueron otorgados mediante una adenda al contrato, con posterioridad, como resulta evidente, al otorgamiento de la buena pro y a la suscripción del contrato primigenio.
f. Se invoca, como fundamento de la adenda, esto es, como justificación de la entrega del adelanto, la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, dicha necesidad o urgencia en el inicio y continuidad de la ejecución del contrato, resultaba evidente y clara desde antes de la suscripción del contrato, ya que son dichas necesidades, precisamente, las que justifican la realización de la convocatoria al proceso de licitación pública y celebración del contrato.
g. Tanto el contrato como la adenda al mismo es suscrita por Javier Enrique Salas Zamalloa, ciudadano que, a pesar de que no contaría con los requisitos mínimos para acceder al cargo, de acuerdo al cuadro de asignación de personal de la Municipalidad Distrital de Castilla, fue designado como gerente municipal por la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera.

Así, una valoración conjunta de dichos elementos, que evidencian de que a pesar de la existencia de irregularidades, se suscribió el contrato, y a pesar de que el fundamento era previsible, se suscribió la adenda al contrato, permite concluir que se tiene por acreditado el interés directo de la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera en la celebración del contrato entre la Municipalidad Distrital de Castilla y el Consorcio H&B.
Queda manifiesto y documentado que las condiciones de contratación, que no comprendían la entrega de adelantos, fueron variadas posteriormente, otorgando un adelanto al único postor, lo que solo se explica con el hecho que hubo intereses para beneficiar a este consorcio.”(Subrayado y negrita nuestro)
6.2. Señor Fiscal, en lo referente al Conflicto de Intereses de la cuestionada Alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera, en lo referente a la irregular Licitación Pública N.° 003-2011-MDC/CE, para dotar de Agua Potable a parte de la Población del Distrito de Castilla, es menester tener presente lo manifestado por los Magistrados que Votaron en minoría tal como se aprecia del numeral 15 de su Resolución:
“ 15. En ese sentido, el hecho de que se haya suscrito el contrato a pesar de las irregularidades denunciadas y que se encontraban respaldadas de manera documental, sumado a que el sustento que legitimó la adenda, al ser previsible, debió de ser consignado, desde un principio, en las bases, lo que colocó en posición de desventaja a los demás postores potenciales y favoreció al Consorcio H&B, que al ganar también tenía conocimiento de que no se darían adelantos, pero aun así obtuvo la adenda al contrato y, en consecuencia, el adelanto, permiten concluir que sí existió un conflicto de intereses, por cuanto se privilegió, de manera evidente, en desmedro del interés público, el interés privado del Consorcio H&B, en un contexto en el cual, conforme se ha indicado en considerandos anteriores, se ha podido concluir que existió interés directo de la alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera, en la celebración del contrato. Por lo tanto, se estima que concurren los tres elementos necesarios para declarar válidamente la vacancia de la citada autoridad municipal por la causal de restricciones de contratación (artículo 22, numeral 9, de la LOM), por lo que corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Enoc Ato Roque.”

SEPTIMO.- Señor Fiscal, el hecho denunciado se constata de un simple raciocinio o razonamiento a la luz de las resoluciones emitidas en Mayoría y en Minoría, de ambos documentos se verifica que, para los Magistrados Denunciados –no existen pruebas en autos- para que proceda la Declaratoria de Vacancia de la cuestionada Alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera- pero contrariamente los Magistrados del Voto en minoría estudiando el mismo Expediente han PROBADO que si se acredita la Declaratoria de Vacancia de la precitada Alcaldesa en lo que respecta al primer hecho imputado con los Medios Probatorios corrientes de Fjs. 187 a Fjs. 246 del Expediente 1562-J-2013 (59 folios obviados), igualmente respecto al tercer hecho imputado referente a la irregular Licitación Pública No. 003-2011-MDC/CE-1ra. Convocatoria sobre la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Noreste de Castilla, los Magistrados del Voto en Minoría han verificado de los Medios Probatorios corrientes de Fjs. 120 al 124, de fjs. 125 al 128, de Fjs. 129 al 130 y de Fjs. 546 al 555 del Expediente 1562-J-2013, han verificado que si acreditan los hechos para la Declaratoria de Vacancia por este hecho; sin embargo para los Magistrados denunciados supuestamente no existen tales medios probatorios y por ello resuelven declarar Infundado mi Recurso de Apelación y confirman el Acuerdo de Concejo No. 08-2013-CDC del 06-11-2013, igualmente declaran Nulo dicho Acuerdo y entre otros actos disponen remitir nuevamente los actuados al Concejo Distrital de Castilla a efectos de emitir nuevo pronunciamiento sobre mi solicitud de Declaratoria de Vacancia- solamente en el extremo relativo a la imputación de irregularidades en el proceso de Licitación Pública, Resolución que como se reitera constituye una ROTUNDA ARBITRARIEDAD, consecuentemente constituye una Resolución MANIFIESTAMENTE INJUSTA por falta de Fundamento Razonable, en tal sentido constituye la comisión del Delito de Prevaricato.
7.1. Que, respecto a la imputación referente a la ilegal contratación del Gerente de la Municipalidad no se hace cuestión de estado por existir unanimidad en ambos votos, sobre la no procedencia de la vacancia por ese extremo, por cuanto para que proceda la Declaratoria de Vacancia basta que este probada una sola de las imputaciones.
OCTAVO.- Señor Fiscal de los hechos expuestos es un hecho incontrovertible que se encuentra acreditada la comisión del Delito de PREVARICATO por los Magistrados denunciados, conducta que sin necesidad de realizar un profundo análisis claramente se aprecia que se encuentra tipificada dentro de lo establecido en el artículo 418 del Código Penal que describe el supuesto del delito del prevaricato del siguiente modo: “El Juez o el fiscal que dicta una resolución o emite un dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”
8.1. Para los efectos de los hechos denunciados considero se debe tener presente los – ELEMENTOS OBJETIVOS del Delito de Prevaricato, tal como a continuación preciso:

– CONDUCTA REPROCHABLE:

La norma citada se desprende que la conducta delictuosa es de dictar una resolución (para el caso de los jueces) o emitir un dictamen (para el caso de los fiscales). El hecho delictuoso se comete y se consuma, entonces, a través del dictado al interior de un proceso, de una resolución o de la emisión de un dictamen en la que se advierta y cumpla cualquiera de los siguientes supuestos:
Para los efectos de la presente denuncia se evidencia:

– CITAR PRUEBAS INEXISTENTES O HECHOS FALSOS:

Es decir, la resolución cuestionada basa su fallo en pruebas que nunca se han actuado durante el proceso o en hechos argumentados dentro del proceso y que se han demostrado que son hechos falsos y sin embargo así sustenta la resolución.
No se trata de un cuestionamiento a la valoración de las pruebas que es la atribución exclusiva del juzgador y que puede ser impugnada dentro del mismo proceso y obtener su revisión, sino de que no existen o las que existen son falsas y que no justifican el fallo.

– SUJETO ACTIVO:

Conforme a la descripción del tipo penal mencionado, solo pueden ser sujetos activos de este delito los jueces o fiscales de cualquier nivel, es decir estamos ante un tipo penal propio.

– SUJETO PASIVO:
Es el estado. La victima puede ser la persona natural o jurídica que sea parte del proceso en donde se dicte la supuesta resolución prevaricadora..
– BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:

Es la correcta administración de justicia, entendida como una de las funciones que comprende la administración pública que ejerce el estado. Peña Cabrera sostiene que el correcto desempeño de la función pública, que comprende la actividad administrativa, judicial y legislativa, se protege por ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, como actividad prestacional dirigida a la satisfacción de los intereses nacionales.

8.2. Tal como lo señala la Doctrina constituye PREVARICATO:
“ LAS RESOLUCIONES MANIFIESTAMENTE INJUSTAS POR FALTA DE FUNDAMENTO RAZONABLE.
Se afirma la existencia del tipo objetivo de la prevaricación cuando la resolución judicial carece materialmente de una fundamentación jurídica razonable o, lo que es lo mismo adopta una solución que no resulta jurídicamente defendible. Desde una perspectiva de la teoría objetiva, la razón es que se trataría de una resolución objetivamente contraria al derecho, desde la perspectiva de la infracción de deberes, la conducta típica deriva del incumplimiento por parte del Juez de su deber que sus resoluciones están fundadas en Derecho. Este deber, cuyo incumplimiento da lugar a una resolución manifiestamente injusta, ha sido objeto de profusa atención por la Jurisprudencia del TC, puesto que ha sido considerado como parte del derecho a la tutela judicial efectiva no solo el derecho al acceso al proceso o a los recursos, sino también el derecho del Ciudadano a obtener de los Tribunales una resolución fundada en Derecho,(…)”
FUNDAMENTOS JURIDICOS:
LEY ORGÁNICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Ley Nº 26486
“Artículo 13°.- Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los mismos honores y preeminencia de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Les son aplicables en lo pertinente las normas sobre responsabilidades y sanciones previstas para estos.”

CODIGO PENAL:

Artículo 418:
“El Juez o el fiscal que dicta una resolución o emite un dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”
8.3.- Igualmente debe tenerse presente que la Resolución Prevaricadora emitida por los Magistrados Denunciados, incurre en la vulneración de la Garantía Constitucional del Debido Proceso- Derecho a la Debida Motivación de las Resoluciones, tal como lo señala el Tribunal Constitucional:
“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.”(Subrayado nuestro)

8.4. Además considero necesario se tenga presente que la Resolución emitida por los Magistrados Denunciados se aprecia que adolece de deficiencias en la motivación externa, así como de justificación en las premisas, insuficiencias que la hacen una resolución incorrecta tal como lo ha previsto el Supremo Interprete de la Carta Magna en la Ejecutoria emitida en el EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC- LIMA.
POR TANTO:

Pido a Ud. Señor Fiscal de la Nación se sirva disponer por quien corresponda se realicen las investigaciones pertinentes y se formalice dicha denuncia por ante el Poder Judicial en su oportunidad, por así corresponder a mi derecho.

OTROSI DIGO: En parte de prueba ofrezco los medios probatorios siguientes:

1.- Copia de la Resolución No. 206-2014-JNE del 18-03-2014, que sirve de sustento a la presente denuncia (Voto en mayoría de Fjs. 1 a 19 y Voto en Minoría de Fjs. 20 a 35), referente al Exp. No. 1562-J-2013, sobre la Vacancia de la Alcaldesa distrital de Castilla.
2.- Copia del Acta de Sesión ordinaria, de fecha 14 de diciembre 2012, en la que por 10 votos a favor y una abstención, aprobó la modificación del Acuerdo de Concejo No. 080-2012-CDC, del 5 de octubre 2012, acatando las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la República y que también corre de fjs. 190 al 198 del Exp. No. 1562-J-2013.
3.- Copia del Acuerdo de Concejo No. 107-2012-CDC, del 14-12-2012, que modifica el Acuerdo de Concejo No. 080-2012-CDC, del 05-10-2012, que autoriza a la Alcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera, a la suscripción del convenio con la Municipalidad Distrital de Sondorillo por un periodo de 10 anos renovable, documento que corre de Fjs. 199 del Exp. No. 1562-J-2013.
4.- Copia del convenio interinstitucional para la cesión en uso del camal municipal que celebran la Municipalidad Distrital de Castilla y la Municipalidad Distrital de Sondorillo, ambas representadas por sus respectivos alcaldes, el 14 de diciembre de 2012, mediante el cual la primera de las municipalidades mencionadas cede en uso, a favor de la Municipalidad Distrital de Sondorillo, el área de terreno de su propiedad con su infraestructura existente para su ampliación, y mejoramiento del camal municipal, así como para su utilización exclusiva como centro de acopio y comercialización de productos y subproductos agropecuarios provenientes de la Asociación de Agricultores de San Juan de Sondorillo y otros, que corre de fojas 200 al 204 del Expediente N.° 01562- J-2013.
5.- Copia de Recibo provisional, supuestamente suscrito por Violeta Ruesta de Herrera, en la que se indica haber recibido de la Asociación San Juan Sondorillo, por derecho de cesión en uso del camal municipal, el monto de S/. 7 500,00 (siete mil quinientos y 00/100 nuevos soles) que corre de fojas 210 del Expediente N.° 01562- J-2013.

6.- Copia del acta de acuerdos entre la Municipalidad Distrital de Castilla y los representantes del distrito de Sondorillo, del 5 de junio de 2012, con la finalidad de abordar el pedido de cesión en uso del camal municipal de propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla, en la que se decide que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sondorillo presente, en un plazo de 20 días, el expediente técnico del proyecto, debiendo coordinar con el equipo técnico para que se cumplan con todos los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal N.° 012-2008-CDC (fojas 212 al 213 del Expediente N.° J-2013-01562).
7.- Copia del Acuerdo de Concejo N.° 058-2012-MDS/CM, del 13 de junio de 2012, a través del cual la Municipalidad Distrital de Sondorillo solicita a la Municipalidad Distrital de Castilla, en cesión en uso, el terreno destinado a la construcción de un centro de acopio y comercialización de productos y subproductos agropecuarios, por un término de 20 años, que corre de fojas 214 del Expediente N.° 01562 J-2013).

8.- Copia Acuerdo de Concejo N.° 107-2012-MDS/CM, del 7 de noviembre de 2012, que autoriza al alcalde de la Municipalidad Distrital de Sondorillo, la suscripción del convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Castilla, de cesión en uso del ex camal municipal, para que sea utilizado exclusivamente como centro de acopio y comercialización de productos y subproductos agropecuarios (fojas 0215 del Expediente N.° J-2013-01562).

9.- Copia de la relación de comprobantes registrados en el SIAF, entre las fechas 1 de enero de 2013 al 8 de agosto de 2013, respecto del cofinanciamiento para el mejoramiento del mercado mayorista de Castilla para el uso de agricultores, productores y transportistas (fojas 227 al 231 del Expediente N.° J-2013-01562).

10.- Copia del Oficio N.° 00656-2012-CG/ORPI, del 27 de noviembre de 2012, remitido por José Dioses Aponte, jefe de la Oficina Regional de Control de Piura, a Aura Violeta Ruesta de Herrera, sobre el Acuerdo de Concejo N.° 080-2012-CDC, relacionado con la autorización de cesión en uso del bien inmueble a favor de la Municipalidad Distrital de Sondorillo. En dicho informe se indica que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, dicha cesión debe cumplir con determinados requisitos, tales como que a) sea de carácter excepcional, b) la cesión se realice a plazo determinado de acuerdo a la naturaleza del proyecto, hasta por un plazo de 10 años, renovables, c) la cesión en uso sea a favor de entidades privadas sin fines de lucro, d) los concesionarios presenten a la municipalidad información periódica, informes de logros y avances del proyecto, y e) que la resolución indique la frecuencia con la que se presentarán dichos informes (fojas 232 del Expediente N.° J-2013-01562).

11.- Copia del Oficio N.° 00404-2013-CG/ORPI, del 3 de mayo de 2013, remitido por Ronny Rubina Meza, jefe encargado de la Oficina Regional de Control de Piura, a Aura Violeta Ruesta de Herrera, sobre el Acuerdo de Concejo N.° 107-2012-CDC, indicando que, a través de dicho acuerdo, se autorizó la suscripción de convenio interinstitucional para la cesión en uso de un inmueble entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Municipalidad Distrital de Sondorillo, a pesar de que no se cumple con el requisito que establece que dicha cesión en uso sea a favor de entidades privadas sin fines de lucro, teniendo en cuenta que el objeto de la cesión sería para la utilización exclusiva, como centro de acopio y comercialización de productos y subproductos agropecuarios, provenientes de la asociación de agricultores de San Juan de Sondorillo y otros, los mismos que tienen fines lucrativos corriente fojas 233 al 234 del Expediente N.°01562 J-2013.

12.- Copia de la Ordenanza N.° 012-2008-CDC, del 15 de setiembre del 2008, que aprueba el Reglamento de transferencia de propiedad y de derechos sobre inmuebles de propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla, corriente de fojas 236 al 246 del Expediente N.° 01562 J-2013).

Lima, 02 de junio del 2014

 

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