Alcalde ASTUTO gobierna Samegua, Esquivando más de una barrera legal, Aprovechando la aparente inoperancia de fiscales, procuradores y supuestos líderes populares, el controvertido alcalde de Samegua, Prof. Renso Milthon Florencio Quiroz Vargas, aún disfruta los grandes encantos del poder municipal, halagado por su entorno burocrático y repudiado por un creciente sector poblacional….1) El alcalde de Samegua postuló, ganó y asumió el cargo, sin consignar en su hoja de vida su sentencia condenatoria, confirmada en segunda instancia, por delito doloso, en agravio del distrito de las paltas. 2) El juez lo rehabilitó aún cuando la sentencia no había quedado firme, pero quedó convalidada con el silencio aparentemente cómplice de fiscales y procuradores, quienes no objetaron absolutamente nada cuando el juez les corrió traslado, antes de resolver.

El 05 de septiembre de 2012, el juez del 3º Juzgado Unipersonal, Dr. Víctor Raúl Rosas Díaz (Resolución Nº 16), le impone un año de pena suspendida (sujeto a reglas de conducta y al pago de mil soles como reparación civil) por el delito de peculado de uso, en agravio del Estado. Accesoriamente, lo inhabilita, por un año, para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

 

El 17 de enero de 2013, la Sala Penal de Apelaciones, confirma la sentencia con Resolución Nº 06. El caso fue elevado (recurso de queja de derecho) a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que en la recta final del año 2013, terminó confirmando la condena de primera y segunda instancia.

 

Sorprendiendo a propios y extraños el 09 de agosto de 2013, Quiroz Vargas, es proclamado y luego juramentado como alcalde ganador de las elecciones complementarias del 07 de julio de 2013 (pese a no haber consignado en su hoja de vida sus antecedentes penales).

 

Antes del pronunciamiento de la Corte Suprema, con fecha 15 de octubre de 2013, el juez Guillermo Kuong Cornejo mediante Resolución Nº 04 rehabilita al sentenciado, aduciendo que la condena de un año se cumplió el 05 de septiembre de 2013, dejando constancia que pagó la reparación civil.

 

Ante la solicitud presentada el 10 de octubre de 2013 por el ciudadano Francisco Efraín Bernales Rodríguez, el Jurado Nacional de Elecciones, con Auto Nº 02 del 16 de diciembre del mismo año, declara improcedente la inhabilitación, considerando que ésta se ejecuta una vez que la sentencia que la impuso adquirió firmeza, basándose en el Acuerdo Plenario Nº 10-2009.

 

ACUERDO PLENARIO 10

 

El Acuerdo Plenario Nº 10-2009 CJ-116, emitido por la Corte Suprema el 13 de noviembre de 2009, señala: “En los procesos tramitados bajo el Nuevo Código Procesal Penal la pena de inhabilitación se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza. Por ende, el plazo de ejecución se inicia desde esta fecha y no antes”.

 

Por lo tanto, siguiendo la perspectiva del citado acuerdo, el caso en cuestión habría adquirido firmeza recién desde cuando la Sala Suprema Permanente notificó su pronunciamiento, el cual resultó desfavorable a Quiroz Vargas.

 

LA VACANCIA

 

El 03 de octubre de 2013, invocando la existencia de sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso, Francisco Efraín Bernales Rodríguez, pide la vacancia del alcalde; viéndose obligado a interponer queja ante el JNE por retardo de trámite (27-01-14).

 

El 11 de febrero de 2014, al absolver al traslado de la queja, Renso Quiroz, informa que la vacancia fue declarada inadmisible, porque el delito no se cometió durante la actual gestión, basándose en el curioso Informe de Asesoría Jurídica Nº 377. “Al 03 de octubre de 2013, no he cometido ningún delito, ni he sido sentenciado por delito doloso”, señala.

 

El citado informe jurídico señala que, “las causales previstas en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley 27972 se refieren a hechos cometidos durante el desempeño del cargo, más no a los generados antes de la postulación…”. ¿Cualquier condenado por delito doloso antes de ser alcalde, puede gobernar impunemente?

 

3 TOQUES FINALES

 

1) El alcalde de Samegua postuló, ganó y asumió el cargo, sin consignar en su hoja de vida su sentencia condenatoria, confirmada en segunda instancia, por delito doloso, en agravio del distrito de las paltas.

 

2) El juez lo rehabilitó aún cuando la sentencia no había quedado firme, pero quedó convalidada con el silencio aparentemente cómplice de fiscales y procuradores, quienes no objetaron absolutamente nada cuando el juez les corrió traslado, antes de resolver.

 

3) A criterio de connotados juristas, el artículo 22 inciso 6 de la Ley 27972 es claro, coligiéndose que la configuración de esta causal se produce con la sola demostración de la existencia de una sentencia judicial de última instancia por delito doloso, careciendo de relevancia jurídica si el proceso o sentencia se produjeron antes, durante o después de la gestión municipal. La ley no hace distinción al respecto, ni regula excepción alguna, por lo que resultaría manifiestamente improcedente declarar inadmisible de plano el pedido de vacancia en base a fundamentos carentes de sustento jurídico, y cuya interpretación resulta absurda y antojadiza.image_content_high_43185338_20131018213943-200x200

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