Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, consideró que hay partes rescatables en la nueva Ley Universitaria, aprobada en la víspera por el Congreso, pero señaló que el principal problema es la creación de la Superintendencia que fiscalizará a las casas de estudio.

“El problema fundamental es el que corresponde a la Superintendencia, que es el órgano suprauniversitario que, por las atribuciones que tiene, pues se reserva la última palabra sobre las decisiones de cada universidad.images

“Tiene facultades coactivas no solamente de fiscalización, supervisión y de autorizar, porque va a autorizar, también tiene la atribución de cancelar autorizaciones, solo que ahora aparece como resultado de un procedimiento que se debe llevar a cabo”, añadió.

Eso sí, estimó que se debe esperar a la publicación del Reglamento de la nueva ley, para poder tomar decisiones en materia legal, como presentar acciones de amparo o para llevar el caso al Tribunal Constitucional.

“Ahí se conocerá puntualmente cada una de las prescripciones que contiene esta ley y sin duda que lo que puede haber estaba anunciado con anticipación”, sentenció.

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