Según explicó, no podía negarse a recibir la nave pues con antelación el Gobierno Regional coordinó la entrega del buque con la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) del Ministerio del Interior.
Lo cuestionable es que la nave tenía las puertas lacradas y estaba sujeta a una investigación por tráfico de drogas, lo que impidió que el Gobierno Regional utilizara el buque, y solo acarreó gastos no programados en su vigilancia y mantenimiento.
«Al ver que no se podía usar la embarcación pesquera para fines de investigación y del programa alimentario, se tramitó de inmediato la devolución», dijo. Portilla añadió que durante la recepción del «Tláloc», en mayo del 2011, lo acompañaron el gerente general Hugo Espinoza y el titular de Asesoría Jurídica, José Carrasco, y ambos tampoco objetaron la transferencia.
El Consejo Regional no podría sancionarlo ya que su condición es de autoridad electa por voto popular.