REGION Moquegua presenta acción para defender “sus límites”, El problema por límites entre Puno y Moquegua se judicializó. El Gobierno Regional de Moquegua (GRM), a través de su procuraduría pública, presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo arguyendo que en el tratamiento de la controversia no se respetó el debido proceso.

La demanda que ingresó a la Sala Mixta de Mariscal Nieto se formuló en contra de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el equipo técnico de la región del Altiplano.

 

El procurador adjunto del GRM, Reynaldo Cuayla, sostuvo que con el recurso se busca que las cosas vuelvan al estado anterior.

 

Estas dos regiones participaron en una mesa de diálogo desde 2009. Ambas reclamaban la comunidad de Pasto Grande. Las negociaciones marcharon sin rumbo. En agosto pasado se realizaron las últimas reuniones de los equipos técnicos.

 

La DNTDT presentó una propuesta de límites en los tramos I y II, en la que se incluyó como jurisdicción puneña a comunidades de los distritos de Ubinas, Ichuña y Chojata, que pertenecen a la provincia de Sánchez Cerro.

 

El documento fue elaborado en base al croquis y ley de creación del distrito de Chojata, pese a que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) advirtió que este no es cartointerpretable.

 

La propuesta además coincide en un 90% con el reclamo de Puno, razón por la cual los moqueguanos la rechazan al calificarla de parcializada.

 

En esas condiciones, el martes último, representantes puneños firmaron una supuesta acta final de acuerdo de límites, pero Moquegua no lo hizo. El acto es considerado como un triunfo por el alcalde puneño, Luis Butrón, y el titular de esa región, Mauricio Rodríguez.

 

Para el subgerente de Demarcación Territorial del GRM, Renato Rojas, dichas autoridades pueden hablar muchas cosas, porque mientras no haya consenso en las propuestas técnicas, cualquier documento unilateral no prosperará. De acuerdo a la norma, en un proceso de solución de un asunto limítrofe entre dos regiones primero debe haber una propuesta consensuada y esta se deriva a la Presidencia del Consejo de Ministros, que la acoge para hacerla proyecto de ley que pasa al Congreso para su debate y aprobación.

 

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